España, cerca de tener su nueva Ley del Cine

La espera de casi cuatro años llega a su recta final y la nueva regulación -largamente añorada por el sector audiovisual- podría aprobarse antes de finales de 2026.

El cine español está a punto de estrenar marco legal. Este jueves 18 el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP y Vox contra el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, lo que permitió que el texto avanzara a la siguiente fase del trámite parlamentario. No es un dato menor: en lo que va de 2026, el Gobierno de Pedro Sánchez no había logrado sacar adelante ningún proyecto de ley. La Ley del Cine podría ser la primera.

La historia de esta norma viene de lejos. El articulado estaba prácticamente terminado en 2023, cuando Miquel Iceta era ministro de Cultura y Beatriz Navas dirigía el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), pero el adelanto electoral de aquel año la dejó congelada a un paso de la meta. Volvió a presentarse con un texto casi idéntico en junio de 2024, tramitándose por la vía de urgencia, sin éxito. Recién esta semana, gracias al respaldo de Junts per Catalunya —a cambio de nuevas competencias para la Generalitat y garantías de protección para el catalán—, el proyecto recuperó impulso real. Desde el Ministerio de Cultura confirman que el objetivo es tener la ley aprobada antes de que termine 2026.


¿Por qué importa tanto esta ley?

La normativa vigente data de 2007 y quedó completamente desbordada por la irrupción de las plataformas de streaming. Desde entonces, España incorporó la Ley General de Comunicación Audiovisual (2022), que trasladó la normativa europea sobre el sector pero dejó una definición de "productor independiente" que, según el propio sector, terminó siendo aprovechada por empresas vinculadas a grandes grupos televisivos y de telecomunicaciones para acceder a ayudas y cuotas pensadas originalmente para pymes del audiovisual. Corregir ese desajuste es uno de los objetivos centrales de la nueva ley.

Y hay algo más de fondo: los productores independientes son, en gran medida, quienes sostienen el cine de autor español, el que circula por los grandes festivales internacionales y construye el prestigio de la cinematografía nacional. Una ley que los proteja mejor no es solo una cuestión administrativa: es una apuesta por sostener esa porción de la industria que no siempre llena salas pero que define la identidad del cine de un país.


Principales artículos y beneficios

Cambia el nombre y el alcance. Por primera vez la norma incorpora el concepto de "cultura audiovisual" junto al de "cine" en su propio título, reconociendo que el cine y el resto de la producción audiovisual —series incluidas— forman parte de una misma cadena de valor. Esto habilita, entre otras cosas, que las series puedan acceder a las ayudas que hasta ahora estaban reservadas casi exclusivamente al largometraje.

Transparencia obligatoria para las plataformas. Esta es una de las medidas más comentadas por el sector: Netflix, Disney+ y el resto de los grandes players del streaming estarán obligados a compartir públicamente sus datos de audiencia. Hoy esa información se mantiene total o parcialmente oculta (Netflix, por ejemplo, solo publica un informe semestral). La norma busca terminar con esa opacidad, aunque todavía hay dudas sobre el nivel de detalle que exigirá.

Restricciones a las productoras vinculadas a las plataformas. El texto establece que las películas producidas directamente por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual no podrán acceder al catálogo de ayudas. La letra chica, sin embargo, deja una puerta abierta: esas mismas plataformas sí podrán comprar películas ya producidas e incorporarlas a su catálogo, algo que ya es moneda corriente en la industria, lo que genera escepticismo sobre cuánto efecto real tendrá la medida.

Cuota de pantalla, el punto más caliente. La ley vigente exige a las salas un mínimo del 25% de programación de cine comunitario. El nuevo proyecto baja esa exigencia al 20%, pero amplía qué cuenta para cumplirla: ya no solo cine europeo, sino también iberoamericano. Además, suma "valor doble" en el cómputo anual a las películas dirigidas exclusivamente por mujeres y a los documentales o trabajos experimentales. El sector está dividido: los productores independientes piden subir la cuota al 40% y poner un tope de pantallas por película, mientras que la Federación de Cines de España (FECE), que representa a más del 80% del mercado de exhibición, directamente quiere eliminarla y reemplazarla por incentivos a la demanda —es decir, invertir en promoción para que el público elija ver más cine europeo, en lugar de imponerlo por cuota.

Ventana de exhibición, la asignatura pendiente. A diferencia de Francia o Italia, que regulan por ley cuánto tiempo debe pasar una película en exclusiva en salas antes de saltar al streaming o al formato físico, España no incorpora esa regulación en el nuevo texto. Las salas de cine reclaman desde hace años que se establezca ese plazo mínimo de exclusividad, y este sigue siendo uno de los frentes abiertos de cara a las enmiendas que se debatirán después del verano.

Cuota de género en las ayudas a la producción. El texto fija que al menos el 35% de las ayudas a la producción se destine a películas dirigidas por mujeres. En la práctica esto ya viene sucediendo en buena medida, pero su incorporación a la ley le da rango normativo y garantiza que no dependa de la voluntad de turno de cada gestión.

Protección lingüística. Como parte del acuerdo con Junts, se reserva un porcentaje de los fondos de fomento del cine y el audiovisual para proteger las producciones en catalán, con incentivos adicionales para las salas que programen más películas en ese idioma. Desde el Ministerio de Cultura aclararon que esa misma protección se extenderá a todas las lenguas oficiales del Estado, no solo al catalán.

Patrimonio fílmico protegido. La Filmoteca Española recibirá la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que blinda legalmente la conservación del patrimonio audiovisual que resguarda.

Nuevo organismo consultivo. Se crea el Consejo Estatal de Cinematografía y la Cultura Audiovisual, un órgano autónomo de carácter consultivo. Todavía es una incógnita cuánto peso real tendrá en las decisiones del sector, algo que se irá definiendo en el desarrollo reglamentario posterior.

Planificación obligatoria del ICAA. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales deberá elaborar y publicar periódicamente un plan estratégico, lo que apunta a dar más previsibilidad a la política pública de fomento del cine.

Definición de productor independiente. Se incorpora por primera vez una definición específica de "productor independiente" en esta norma, en un intento de cerrar la ambigüedad que dejó la ley de 2022 y evitar que grandes grupos audiovisuales accedan a beneficios pensados para las pymes del sector.

Modernización administrativa. Se elimina el viejo sistema de "buzones" para el envío de datos de taquilla por parte de las salas, reemplazándolo por una remisión directa y automática al ICAA, lo que debería agilizar y dar más fiabilidad a las estadísticas oficiales de recaudación.


Lo que viene

El trámite no terminó: en las próximas semanas se debatirán las enmiendas parciales, y ahí es donde productores independientes y exhibidores —representados sobre todo por FECE— buscarán torcer la balanza en los puntos que consideran insuficientes, especialmente la cuota de pantalla y la ventana de exhibición. El Ministerio de Cultura ya adelantó su intención de acelerar ese proceso para que la ley quede aprobada antes de fin de año. Si lo logra, España cerrará casi dos décadas con una legislación de cine pensada para la era pre-streaming.

Nota: Este artículo describe el contenido del proyecto de ley en su estado actual de tramitación parlamentaria. Algunos puntos, especialmente los relativos a cuota de pantalla y ventana de exhibición, podrían modificarse durante el debate de enmiendas parciales previsto para después del verano.

Fuentes: Newsletter Muy Original (El País), Cine Con Ñ y Andersen.